El Ministerio Público de San Juan presentó oficialmente el lunes 27 de abril el Manual de Política de Persecución Penal, en un acto que reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, periodistas y miembros de la institución
El documento es el resultado del trabajo de la Comisión Redactora, integrada por representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, a saber: Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.
Durante la presentación, el Fiscal General, Dr. Guillermo Baigorrí, subrayó la necesidad de “establecer criterios de actuación preestablecidos, generales, escritos y anticipados, que orienten el ejercicio de la acción penal pública y eviten la discrecionalidad”. En ese sentido, el Manual promueve transparencia, previsibilidad y una actuación uniforme en defensa del interés público.
Ejes centrales y definiciones operativas del Manual
Principios
– Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica.
– Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.
– Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes.
Criterios para el abordaje del delito
Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:
– Dirección funcional del fiscal sobre la policía.
– Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.
– Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.
– Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas (recolección, documentación, transporte, análisis y presentación).
– Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.
– Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.
Abordaje de la conflictividad
Introduce criterios específicos para conflictos complejos:
– Identificación de conflictos de alto impacto (multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social).
– Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.
– Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.
Política en relación al proceso
Fija reglas claras de gestión judicial:
– Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.
– Criterios uniformes para decisiones iniciales (archivo, formalización, desestimación).
– Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad (con límites estrictos), suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.
– Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.
– Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.
Política en relación a la víctima
Refuerza el rol central de la víctima en el proceso:
– Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.
– Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.
– Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.
Derechos del imputado
Establece pautas para asegurar:
– Respeto irrestricto a garantías constitucionales.
– Investigación objetiva y sin arbitrariedades.
– Protección de la dignidad y derechos fundamentales.
Perspectiva de género
Incorpora políticas específicas para:
– Investigación con enfoque de género.
– Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.
– Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.
Juicio de cesura
Regula criterios para la determinación de la pena:
– Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.
– Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.
Ejecución de las penas
– Control del cumplimiento de condenas.
– Coordinación con el sistema penitenciario.
– Seguimiento de medidas impuestas.
Relación con fuerzas de seguridad
Define pautas concretas de coordinación institucional:
– Subordinación funcional de la investigación al fiscal.
– Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.
– Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.
Oficina de Calidad Institucional
Dispone la creación de un área específica de control y mejora:
– Evaluación del desempeño institucional.
– Monitoreo de cumplimiento de estándares.
– Implementación de procesos de mejora continua.
Política comunicacional
– Comunicación institucional transparente y responsable.
– Relación con medios de comunicación.
– Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.
El Manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.
