Se trata de un trámite administrativo necesario tras la decisión que la Cámara de Apelaciones tomó en marzo, cuando revirtió el fallo que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.000 millones a los fondos que demandaron al Estado por la expropiación de la petrolera en 2012
Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF, con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo.
La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación afirmaron que anticipaban este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa. “Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”, indicaron fuentes oficiales.
En paralelo, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
