Milei aseguró que la facultad otorgada al organismo se superpone con la del Ministerio Público Fiscal. Especialistas advirtieron sobre el riesgo de la falta de transparencia. Desde la Fundación Pensar también realizaron críticas a esta medida
UIF deja de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos con el argumento de superponer la actividad con la del Ministerio Publico Fiscal, con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar
El Decreto 274/2025, generó controversias por quitarle esa facultad a la UIF y los riesgos que podría representar.
Los fundamentos del gobierno:
El decreto fue firmado por el presidente, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el ministro Mariano Cuneo Libarona.
El texto dice: “el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional”.
El decreto advirtió que estos delitos “evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan”.
La UIF respetará las instancias de prueba ya solicitadas en su condición de querellante en estos expedientes que investigan a Cristina Kirchner, entre otros, aunque no impulsa nuevas medidas. Para eso están los fiscales.
Desde la Fundación Pensar, afirman que es una medida regresiva que debilita la capacidad del Estado para investigar delitos complejos. La UIF fue clave en causas como Ciccone, Cuadernos, Hotesur/Los Sauces y Ruta del Dinero K, donde aportó pruebas, peritajes y solicitó medidas para recuperar activos. Su etapa fue un rol esencial en etapas críticas del proceso penal.
