Javier Milei, el presidente firmó, el pasado viernes el veto total a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso. Hoy, la medida fue promulgada a través del Boletín Oficial. Además, el gobierno confirmó que volverá a otorgar un bono de $70,000 para actualizar los ingresos de los jubilados y está evaluando un incremento adicional de alrededor del 8%
Milei justificó su rechazo a la ley tras reunirse con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con aliados de la Cámara baja. El decreto 782/2024 argumenta que la iniciativa del Congreso es «claramente violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni define la fuente de su financiamiento». Este ha sido el principal argumento del Ejecutivo desde la sanción de la ley. También se destacó que el proyecto tiene «graves deficiencias técnicas y operativas que evidencian su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría para su implementación».
El Gobierno hizo un llamado al Poder Legislativo a «actuar con sensatez institucional y de manera responsable, evitando aprobar disposiciones que puedan ser perjudiciales para las cuentas públicas o que contradigan la proyección de ingresos y gastos del Presupuesto Nacional». Asimismo, se enfatizó que la administración de los recursos públicos debe ser responsable y alineada con los fines públicos y los principios de buena administración que deben guiar toda acción de gobierno, buscando siempre el bien común.
Además, el Gobierno advirtió que la iniciativa podría complicar la recuperación del sistema previsional al generar futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios, debido a la falta de especificación de las fuentes de financiamiento. Para ilustrar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida sería de 6.160.000.000.000 pesos para 2024, es decir, seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 pesos para 2025. Estas cifras equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso y al 1,64% estimado para el año siguiente.
En cuanto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se calcula que estos montos representan un incremento del 18,5% para 2024 y del 29,2% para 2025. Además, se indicó que, si estas erogaciones se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, la medida «conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del presupuesto vigente en términos anuales».
El Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de $70,000 para los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones no contributivas y graciables, cuyo pago está a cargo del organismo de la seguridad social.
Este monto se fijó en el decreto 783/2024, publicado esta madrugada. La normativa establece además que «para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario». «En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga», dispone el decreto.
