La decisión fue notificada a la Cámara de Diputados
La oposición ya prepara una sesión especial para tratar el rechazo presidencial el próximo miércoles. Los rectores de la UBA habían emitido un comunicado donde pedían la reglamentación de la medida para “cuidar la educación pública”.
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada días atrás en el Congreso. Luego de que el Congreso sancionara la norma. Su decisión va en línea de mantener el rumbo económico y político.
La oposición solicitaría una sesión especial para el próximo miércoles en Diputados para iniciar el camino para rechazar el veto presidencial. El Decreto 647/2025, publicado este miércoles, representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La norma planteaba medidas concretas para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
Se destinan partidas presupuestarias específicas para, entre otras cosas, asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes. Además, se establecía una actualización al 1 de enero de 2025 del monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
El Ejecutivo, indicaron: “El artículo 83 de nuestra Constitución confiere al poder Ejecutivo la facultad de desechar en todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación, razón por la cual la decisión del presidente de vetar un proyecto de ley de ninguna manera implica un desconocimiento de las instituciones democráticas sino que, por el contrario, es el ejercicio de una facultad expresamente prevista por el texto de nuestra Ley Fundamental”.
“El ejercicio de la facultad constitucional de observar un proyecto de ley no constituye una novedad en nuestra dinámica institucional y ha sido una práctica común a las distintas administraciones de los últimos cuarenta (40) años”, manifestaron.
