El Gobierno está cerca de conseguir los votos, pero el resultado es incierto. El oficialismo negociaba hasta último momento para intentar alcanzar el apoyo de los espacios dialoguistas. Si no consiguen los votos, es probable que la Ley de Financiamiento Universitario se judicializa
El Gobierno se enfrenta este miércoles a la primera batalla legislativa para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios, aunque advierte que la medida se va a judicializar si la oposición logra insistir con la iniciativa.
Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, continuaba hasta último momento con las negociaciones para tratar de conseguir el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirían al oficialismo ratificar la decisión de Javier Milei en la sesión que comenzará a las 11:00.
Oscar Zago de viaje en España por cuestiones personales, La Libertad Avanza perdió un aliado clave, ya que el jefe del bloque del MID suele acompañar la posición del Poder Ejecutivo, aunque los otros dos integrantes de la bancada, Eduardo Falcone y María Ibáñez, sí estarán.
Por su parte, la libertaria Lilia Lemoine, que estuvo recorriendo Ucrania en medio de la guerra con Rusia, volvería a tiempo a Buenos Aires para dar su voto.
Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. En este escenario, nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.
Existen entre 11 y 13 diputados en duda respecto de la decisión que tomarán. En ese universo, hay 8 que concentran la mayor atención. Estos son los tres del bloque Independencia (Tucumán, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo), los dos de San Juan, alineados con el gobernador Marcelo Orrego, y los tres misioneros del bloque Encuentro Federal, que tienen como jefe político al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua.
En paralelo, el Gobierno continuó hablando con los gremios universitarios, pero sin llegar a un acuerdo entre las partes, y un día antes de la votación anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios.
El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.
Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.
Según el artículo 38 la ley 24.156, de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, todo texto sancionado por el Congreso “que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En esta normativa se van a basar las autoridades nacionales para asegurar que la iniciativa del radicalismo no cumple con los requisitos necesarios y, por lo tanto, no cumplir con la misma, aunque reconocen que eso podría llevar a que se presenten diferentes denuncias.
