El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires endurece los controles sobre las billeteras virtuales

La medida alcanza a las empresas que ofrecen créditos y busca garantizar mayor claridad sobre tasas, plazos, costos financieros y condiciones de pago

El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió expedientes contra las principales billeteras virtuales tras recibir 2.240 denuncias por presuntos abusos en créditos y morisidad. La cifra supera ampliamente la registrada a nivel nacional y volvió a poner en discusión la falta de regulación sobre las condiciones de financiamiento que ofrecen esas plataformas.

Las actuaciones podrían derivar en multas de hasta $1.883 millones por empresa, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense Augusto Costa. La provincia sostiene que su margen de acción no pasa por regular tasas ni dictar política financiera, sino por aplicar la Ley de Defensa del Consumidor ante posibles incumplimientos en información, trato y mecanismos de cobro.

Créditos con información poco clara y cobros denunciados como abusivos

Las investigaciones apuntan a empresas fintech que ofrecen préstamos desde billeteras virtuales bajo condiciones que, según el ministro, son “de muy difícil cumplimiento”. El foco está puesto en la claridad de los términos y condiciones de las aplicaciones de pago y comercio electrónico, así como en la información concreta sobre tasas, plazos y costos financieros.

Mercado Libre y Mercado Pago ya fueron imputadas en una investigación previa

Seis meses atrás, en una investigación de oficio, la provincia imputó a Mercado Libre y Mercado Pago por violaciones a la normativa de defensa del consumidor. Costa aseguró que la empresa “reconoció todos los incumplimientos o que no se adecuó y cambió los términos y condiciones”.

La provincia considera ese antecedente como una muestra de que sus intervenciones pueden producir cambios aun sin contar con facultades regulatorias sobre el sistema financiero.

El ministro atribuyó el aumento del endeudamiento y la morosidad a la política económica nacional. Señaló que la suba de los servicios públicos, el desempleo y la caída del salario real redujeron el ingreso disponible de los hogares, y contrapuso esa situación con una provincia que, según dijo, actúa de oficio para proteger a los consumidores.

Costa añadió que el gobierno de Axel Kicillof mantendrá el diálogo con las empresas del sector y seguirá usando las herramientas legales disponibles mientras persista el vacío regulatorio a nivel nacional. “No resuelve el problema de fondo, pero lo hacemos porque Axel Kicillof dice: todo lo que tengamos a disposición hay que hacerlo”.