Tanto la justicia federal como los organismos administrativos están investigando los contratos realizados entre varias dependencias nacionales y la Organización de Estados Iberoamericanos
La denuncia recayó en el juez Ariel Lijo, el fiscal es Gonzalez que impulsó la causa: “el objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas entre la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las secretarías dependientes de dicha cartera ministerial…”
Sergio Rodríguez el fiscal federal pidió informes a la Organización de Estados Iberoamericanos en la causa que investiga los contratos realizados entre dicha entidad y el Ministerio de Capital Humano. Solicito datos a distintas reparticiones: Al Ministerio de Capital Humano, a la Jefatura de Gabinete, al Consejo de Asesores de Gabinete, al área de obras, al área de Cultura, ex ministerio de la mujer, al Ministerio de Ciencias, al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, al Anses, el Sedronar, a la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
Mientras que la Procuración de Investigaciones Administrativas PIA decidió recolectar la documentación de 15 reparticiones públicas que también habrían llevado adelante ese tipo de convenios.
La PIA analiza los expedientes administrativos que hicieron posible estos acuerdos. Los sumarios y sanciones que impuso el Ministerio de Capital Humano antes de denunciar los convenios sospechosos, cuando estalló el escándalo de los alimentos almacenados en galpones.
Leila Gianni, la subsecretaria legal de la cartera de Capital Humano, afirmó: “ a fines de mayo Federico Fernandez, un funcionario de la Secretaria, se presentó para contar que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares y que parte era para De La Torre”.
Gianni en su declaración: “Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen a su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de la Niñez….”
