El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal seguirá adelante contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asesora María Cristina Álvarez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida
“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”, indica en el mismo escrito.
El auto solicita nuevas pruebas. Esto es un requerimiento a Lefebvre-El Derecho S.A. para que aporte las facturas de los servicios prestados para la cátedra de transformación social competitiva. “En cuanto a los informes periciales indicados, pueden aportarse dentro de los plazos procesales”, añade.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, su esposa, Begoña Gómez, expandió rápidamente su red profesional y de influencia, especialmente tras asumir la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM).
Según la acusación, Gómez contrató a su amiga María Cristina Álvarez con salario público para asistirla tanto en actividades profesionales como privadas. Desde 2018, Álvarez Rodríguez habría cobrado 361.423,40 euros brutos desde su cargo en la Moncloa.
La pieza central de la causa es la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM. La investigación indica que la esposa de Sánchez registró a su nombre tanto la marca TSC como el dominio web transformatsc.org, emprendiendo la constitución de una sociedad con idéntico nombre en noviembre de 2023. El desarrollo del software de la Cátedra, según la acusación, fue financiado y trabajado con medios públicos y privados Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros aportaron un total que supera los 300.000 euros, mientras que la Universidad Complutense cifró el daño patrimonial en al menos 108.765,79 euros.
María Cristina Álvarez Rodríguez estuvo implicada en la gestión y seguimiento de los proyectos vinculados al software de la cátedra y participó representando a la Cátedra TSC, usando el correo institucional de la Moncloa para esas tareas, lo que según la acusación permitía darle “apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones”.
