Miguel Blanco, el titular de la Sindicatura General de la Nación, dio precisiones sobre el plan que pondrán en marcha ahora que el organismo se encuentra habilitado para realizar controles
La Sindicatura General de la Nación, esta a cargo de Miguel Blanco, es el nuevo Síndico General de la Nación designado, a través del Decreto 68/2023, designado por Javier Milei. El control de los fondos públicos destinados a las universidades que, desde 2022 y hasta ahora, había estado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de las auditorías internas, si existiesen. El anuncio marca un nuevo paradigma en el control de los recursos universitarios. Según el funcionario, la SIGEN “está rearmando el equipo de trabajo para comenzar cuanto antes”.
La SIGEN ya tenía experiencia en auditar universidades, pero esta tarea se había interrumpido en 2022 tras el dictamen de Carlos Zannini, entonces Procurador del Tesoro, que limitaba el control del organismo sobre las instituciones académicas, que fue revertido ayer por un dictamen de Rodolfo Barra, el nuevo jefe de los abogados del Estado, destacó Blanco.
Blanco detalló: “Estamos rearmando el equipo para retomar esas tareas, enfocándonos principalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”.
El funcionario destacó que, aunque algunas universidades habían solicitado auditorías de manera voluntaria, como la Universidad Nacional de La Matanza, el nuevo programa de auditorías será más abarcador y riguroso.
“En el caso de la UBA, habrá que comenzar por las facultades que reciben mayores montos de fondos y convenios, dado que cada facultad gestiona su parte del presupuesto de manera independiente”, señaló Blanco.
Miguel Blanco, aclaró que la SIGEN no intervendrá en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, como la designación de autoridades, la selección de profesores o el desarrollo de carreras académicas.
Blanco también explicó que, en caso de detectar irregularidades graves o indicios de corrupción, la SIGEN no tiene la potestad de realizar denuncias judiciales, pero sí puede derivar los casos a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
