El Tribunal Oral Federal 7 tomó la decisión. En las últimas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado distintos recursos de las defensas que despejaron el camino hacia el debate oral. Habrá más de 600 testigos
El Tribunal Oral Federal 7 dispuso este viernes que el juicio contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y decenas de hombres de negocios, entre los que están los principales empresarios del país, comience el 6 de noviembre de 2025. Para el debate serán citados 625 testigos.
En este juicio hay un centenar de acusados, los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli resolvieron que el debate se realizará todos los jueves vía zoom. A una audiencia por semana, con tantos testigos.
En la lista de 600 políticos hay empresarios y políticos, además de testigos de procedimientos o peritos. Hay, no obstante, otra lista de casi 700 personas cuya declaración fue pedida por las partes y que están a disposición de lo que surja del debate oral.
Por ejemplo los senadores Oscar Parrilli y Eduardo Wado De Pedro, el diputado Máximo Kirchner, el funcionario bonaerense Andrés Larroque o el intendente de Lanús Julián Alvarez.
Los abogados defensores se habían prendido hace algunas semanas. La Cámara de Casación Penal ya había urgido hacer el debate y venía rechazando planteos de las defensas.
Entre los últimos estuvo el “devolver” al empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado del pago de coimas, al expediente que nació con las anotaciones de Cuadernos.
El tribunal designó a los peritos oficiales que analizaron si los cuadernos que obran en la causa los escribió el propio Centeno.
La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexan a este mega expediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos.
Se suman, los casos de Gas Licuado o la causa por subsidios a trenes (en donde también CFK está procesada), junto a las sospechas por las coimas en los corredores viales o por la cartelización de la obra pública.
La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar) aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas.
Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios.
En la causa 9.608/2018 (Centeno) hay 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas”, y “encubrimiento”. Los principales acusados en la causa son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y José López, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Solo la fiscalía pidió 299 testigos y, entre la prueba, reclamó incorporar los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas, José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito en su contra.
En cambio, la ex presidenta no pidió a ningún testigo, pero apuntó a otra prueba -para su defensa- clave: las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli mientras tramitaron esta investigación. Insistió en cuestionar la validez de esta investigación y la autenticidad de los cuadernos. El punto de mayor interés es la pericia sobre los manuscritos.
