La iniciativa de reforma electoral plantea una reconfiguración a fondo del sistema electoral. Si el proyecto avanza, habrá un nuevo INE, menos diputados y menos dinero para los partidos.
Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de diputados una iniciativa legislativa para realizar una reforma electoral a fondo el sistema electoral mexicano. El proyecto de Morena busca reformar 18 artículos de la Constitución además de otro puñado de leyes secundarias.
Los cambios planteados por Morena supondrían, según sus propios cálculos, un ahorro de 24.000 millones de pesos para el estado. Entre las modificaciones desaparecería el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y su sustitución por un nuevo órgano regulador elegido por sufragio universal. Además, de una reducción del número de parlamentarios y el recorte a la financiación de los partidos políticos son los nudos centrales de la reforma.
Se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. A su vez, de los 11 consejeros ejecutivos actuales se pasarían a siete integrantes. El sistema de elección de sus miembros, al igual que los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial
Los representantes, serán designados por voto directo de la ciudadanía a partir de unas listas de candidatos propuestos por los tres poderes del Estado. Por otro lado, os candidatos a consejeros y magistrados se equiparían así a los propios aspirantes electorales entrando en campaña para lograr el voto ciudadano. La duración del cargo sería de seis años, es decir, la misma que los mandatos presidenciales.
La reforma electoral busca la distribución de la cámara con 300 diputados elegidos en “listas plurinominales estatales”. Es decir, todos los diputados serían elegibles por el sistema proporcional. También, establece una reducción del tamaño de los congresos estatales y municipales.
A su vez, se busca limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral. Se eliminarían las partidas llamadas “ordinarias” que reciben los partidos mensualmente. Los cambios supondrían, según la iniciativa, una disminución del 66% del financiamiento público de los partidos.
