Luego de un año 2022 sin presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación Argentina, tenemos presupuesto 2023.
El Senado de la Nación Argentina, convirtió, en una sesión especial el Presupuesto 2023 que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales.
La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.
La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.
Ricardo Guerra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda describió al Presupuesto 2023, definió: «realista, financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del gobierno, pero en un marco de restricciones dadas por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que tiene impacto global muy importante».
El proyecto original presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de $29 billones, mientras que los recursos alcanzarían más de 22 billones y medio.
El proyecto pretende reducir el déficit de 2,5 a 1,9%, por un monto de más de $6,4 billones.La pauta inflacionaria está estimada en 60% anual y se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.
Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otro lado, se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.
Fuente: www.telam.com.ar
